Proyecto de Ley de tasas judiciales: Comunicado de la AEAFA

Como he criticado en la anterior entrada publicada, el asunto de las tasas judiciales  no es una cuestión insustancial y los colectivos profesionales implicados están reaccionando desde todos los ámbitos, mostrando su disconformidad con el mencionado Proyecto de Ley.-

Por todo ello,igualmente publico el comunicado que el Presidente de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), Don Gonzalo Pueyo Puente, hace llegar a sus asociados:   

"Queridos compañeros:

Ante la tramitación del Proyecto de Ley 121/000030, Proyecto de Ley Orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial mediante la cual se pretende “profundizar” (según reza el texto) en determinados aspectos de las tasas judiciales, la Junta Directiva de la AEAFA ha considerado absolutamente imprescindible y necesario hacer llegar nuestra opinión a la Comisión de Justicia del Congreso y Senado respecto de la inoportunidad y de las consecuencias que dicha ley puede tener en los procesos de familia abogando por la exención de todos estos procesos del pago de tasa judicial. Si bien el escrito va dirigido a los portavoces de las Comisiones de Justicia de ambas Cámaras del Partido Popular, del mismo hemos dado traslado al resto de grupos parlamentarios para que, igualmente, tengan constancia de nuestro parecer y posición en la esperanza de que puedan asumir como propios algunos de los argumentos que exponemos.

La cuestión resulta lo bastante importante como para, al menos, hacer patente nuestro criterio en contra por la imposición de unas tasas que coartan el acceso a los tribunales de aquellos ciudadanos que, salvo los que puedan acogerse al beneficio de justicia gratuita, disponen de unos ingresos medios y que, en la mayoría de los casos, vienen siendo atendidos por despachos pequeños o individuales, con el consiguiente impacto negativo que la aprobación de la Ley en sus términos actuales conllevará para sus economías.

No podemos ser muy optimistas respecto de la capacidad de influencia que nuestras consideraciones puedan tener sobre el legislador pero indudablemente tampoco podíamos permanecer pasivos ante un proyecto de modificación de Ley Orgánica que afecta de manera tan directa e ineludible a nuestra materia y al sentido de Justicia con mayúsculas.

Un fuerte abrazo: 

Gonzalo Pueyo Puente

Presidente de la AEAFA"

Proyecto de Ley de tasas judiciales: Carta al Ministro de Justicia de la CEAJ

Porque esto no es cuestión insustancial, me hago eco de la Carta que el 16 de octubre de 2012 la Confederación Española de Abogados Jóvenes envía al Ministro de Justicia en un simbólico acto de protesta pidiendo una Justicia accesible para todos y no sólo para aquellos que puedan permitirse pagar las tasas.-

Recuerdo que con este incomprensible proyecto de ley se estaría cargando sobre la espalda de los abogados pequeños y medianos el derroche de todos estos años y lo más importante, se estaría conculcando el derecho a la tutela judicial efectiva de los españoles, que como todos sabemos está reconocido en el texto constitucional (art.24 CE).-

(Me he tomado la libertad de subrayar lo que considero más importante del texto ya que se que muchos de vosotros no os soléis tragar los rollos que publico).- 

"Excmo. Sr. Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez,

Soy un abogado joven. Me dirijo a Vd. a fin de mostrarle mi frontal oposición y absoluto rechazo al Proyecto de Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que ha sido presentado y cuyo contenido es público".

Quiero mostrarle mi malestar y el de mi colectivo en concreto, sin perjuicio de que el perjudicado en general no solamente es ya el colectivo de Abogados y Procuradores, sino, en definitiva, el ciudadano, ante el contenido de dicha norma. Es lamentable ver como las tasas previstas no se modulan en función de la capacidad económica, sino que las sufrirán las clases medias; y serán ellas quienes se encuentren ante una barrera infranqueable e inconstitucional. A su vez, en una situación de extrema gravedad como la actual, esto no solo va a suponer la imposibilidad de que el ciudadano medio pueda acceder a la Justicia en los términos previstos en nuestra Constitución, sino que con ello se va acabar de maltratar a los colectivos profesionales, como es nuestro caso, que con ello se verán privados de mantener una actividad profesional lícita y necesaria, como así establece en varias ocasiones la misma Constitución que cuyo contenido parece ahora obviarse y que, en definitiva, constituyen el sustento de numerosas familias. La actividad judicial no solamente la componen y sustentan oficiales, agentes, auxiliares, secretarios judiciales, fiscales y jueces, sino que los Letrados y Procuradores, cuya actividad es tan digna como las anteriores se verán nuevamente cercenados en el derecho al ejercicio de su actividad profesional con un mínimo de dignidad y profesionalidad.

Por otra parte, no menos preocupante, nos encontramos ante el hecho de que hay comunidades autónomas, como Cataluña ya vigente y Valencia en ciernes, que aplican ya una serie de tasas al Justiciable, con lo cual, de entrar en vigor su norma recaudatoria, se aplicaría doblemente una tasa al ciudadano que accede a la Justicia, lo que ya resulta injustificable por mucho que se pretenda por el legislador motivar la fijación de las mismas.

Si realmente es necesario un sistema de filtro en los litigios, que esto venga determinado por la temeridad y la mala fe, que pague efectivamente el condenado en costas, si hay tal condena y cuando exista; que se rebajen las cuantías fijas sustancialmente y se supriman las variables, todo ello contando con la rotunda supresión de las tasas en la Jurisdicción Laboral, así como la ampliación de supuestos en las exenciones a las tasas en las jurisdicciones civil y contencioso-administrativa.

En definitiva, por si no tuviera en cuenta las enmiendas totales y parciales presentadas por numerosos colectivos, entre ellos el nuestro, le pido que recuerde que la mejora de la Justicia no es una cuestión de números o estadísticas, sino de personas y por ello también de profesionales. La mejora de la Justicia es una necesidad y en eso estamos de acuerdo con Vd. pero dicha mejora no se conseguirá destruyendo los derechos de los ciudadanos que tanto ha costado conseguir de forma democrática, ni restringiendo el acceso a la Justicia por un criterio de capacidad económica.

Por último, me pongo a su disposición para mejorar la Justicia, la Justicia de todos, pero reflexione y escuche, porque esto no es un manifiesto gratuito y anecdótico sino el sentir de la abogacía joven y, en definitiva, de los que hemos estudiado una carrera y optado por una profesión de la que pretendemos seguir sintiéndonos orgullosos y en la que sin el servicio al ciudadano carecería de sentido.

Atentamente le envío un cordial saludo".