Porque esto no es cuestión insustancial, me hago eco de la Carta que el 16 de octubre de 2012 la Confederación Española de Abogados Jóvenes envía al Ministro de Justicia en un simbólico acto de protesta pidiendo una Justicia accesible para todos y no sólo para aquellos que puedan permitirse pagar las tasas.-
Recuerdo que con este incomprensible proyecto de ley se estaría cargando sobre la espalda de los abogados pequeños y medianos el derroche de todos estos años y lo más importante, se estaría conculcando el derecho a la tutela judicial efectiva de los españoles, que como todos sabemos está reconocido en el texto constitucional (art.24 CE).-
(Me he tomado la libertad de subrayar lo que considero más importante del texto ya que se que muchos de vosotros no os soléis tragar los rollos que publico).-
"Excmo. Sr. Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez,
Soy un abogado joven. Me dirijo a Vd. a fin de mostrarle mi frontal oposición y absoluto rechazo al Proyecto de Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que ha sido presentado y cuyo contenido es público".
Quiero mostrarle mi malestar y el de mi colectivo en concreto, sin perjuicio de que el perjudicado en general no solamente es ya el colectivo de Abogados y Procuradores, sino, en definitiva, el ciudadano, ante el contenido de dicha norma. Es lamentable ver como las tasas previstas no se modulan en función de la capacidad económica, sino que las sufrirán las clases medias; y serán ellas quienes se encuentren ante una barrera infranqueable e inconstitucional. A su vez, en una situación de extrema gravedad como la actual, esto no solo va a suponer la imposibilidad de que el ciudadano medio pueda acceder a la Justicia en los términos previstos en nuestra Constitución, sino que con ello se va acabar de maltratar a los colectivos profesionales, como es nuestro caso, que con ello se verán privados de mantener una actividad profesional lícita y necesaria, como así establece en varias ocasiones la misma Constitución que cuyo contenido parece ahora obviarse y que, en definitiva, constituyen el sustento de numerosas familias. La actividad judicial no solamente la componen y sustentan oficiales, agentes, auxiliares, secretarios judiciales, fiscales y jueces, sino que los Letrados y Procuradores, cuya actividad es tan digna como las anteriores se verán nuevamente cercenados en el derecho al ejercicio de su actividad profesional con un mínimo de dignidad y profesionalidad.
Por otra parte, no menos preocupante, nos encontramos ante el hecho de que hay comunidades autónomas, como Cataluña ya vigente y Valencia en ciernes, que aplican ya una serie de tasas al Justiciable, con lo cual, de entrar en vigor su norma recaudatoria, se aplicaría doblemente una tasa al ciudadano que accede a la Justicia, lo que ya resulta injustificable por mucho que se pretenda por el legislador motivar la fijación de las mismas.
Si realmente es necesario un sistema de filtro en los litigios, que esto venga determinado por la temeridad y la mala fe, que pague efectivamente el condenado en costas, si hay tal condena y cuando exista; que se rebajen las cuantías fijas sustancialmente y se supriman las variables, todo ello contando con la rotunda supresión de las tasas en la Jurisdicción Laboral, así como la ampliación de supuestos en las exenciones a las tasas en las jurisdicciones civil y contencioso-administrativa.
En definitiva, por si no tuviera en cuenta las enmiendas totales y parciales presentadas por numerosos colectivos, entre ellos el nuestro, le pido que recuerde que la mejora de la Justicia no es una cuestión de números o estadísticas, sino de personas y por ello también de profesionales. La mejora de la Justicia es una necesidad y en eso estamos de acuerdo con Vd. pero dicha mejora no se conseguirá destruyendo los derechos de los ciudadanos que tanto ha costado conseguir de forma democrática, ni restringiendo el acceso a la Justicia por un criterio de capacidad económica.
Por último, me pongo a su disposición para mejorar la Justicia, la Justicia de todos, pero reflexione y escuche, porque esto no es un manifiesto gratuito y anecdótico sino el sentir de la abogacía joven y, en definitiva, de los que hemos estudiado una carrera y optado por una profesión de la que pretendemos seguir sintiéndonos orgullosos y en la que sin el servicio al ciudadano carecería de sentido.
Atentamente le envío un cordial saludo".
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